A pesar de que la reforma laboral ha supuesto un retroceso en las condiciones laborales de las mujeres y ha significado un aumento de las discriminaciones, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, evaluó la norma como “un conjunto de medidas positivas para las mujeres”.
Para UGT, más que “acciones positivas”, son medidas de regresión abusiva que condenan a las mujeres a mayor desempleo, mayor precariedad y menor protección social.
El sindicato considera que se trata de una norma que ha dado lugar al dato de desempleo femenino más alarmante ya que medio millón de mujeres han engrosado las filas del paro desde que el Partido Popular llegó al Gobierno. En solo un año, las desempleadas aumentaron en casi 360.500 mujeres, a las que hay que añadir las 116.300 paradas del primer trimestre de 2013, lo que supone un desempleo del 26,55 %.
De las 7.597.600 mujeres que han mantenido su empleo, dos millones, -casi una tercera parte-, lo desempeñan a tiempo parcial, lo que, lejos de ser una medida de acción positiva, consiste en un contrato “a la carta” para las empresas, porque además de la jornada laboral pactada en el contrato, se pueden hacer horas complementarias y horas extraordinarias -algo prohibido hasta ahora- que, para colmo, no cotizan.
Esto supone que una trabajadora o trabajador con contrato a tiempo parcial deberá tener mayor disponibilidad para la empresa, lo que asesta un golpe importante a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la ya deficitaria protección social de esta modalidad contractual, sobre la que se han pronunciado en contra tanto el Tribunal Europeo de Justicia como el Tribunal Constitucional español, argumentando que el trabajo a tiempo parcial se convierte en una discriminación indirecta hacia a las mujeres en el acceso a las pensiones.
Según la ministra, otra medida positiva es la eliminación de categorías profesionales, para pasar a ser agrupadas en grupos profesionales con el fin de eliminar la discriminación salarial. Una iniciativa que dará lugar a mayores diferencias salariales entre mujeres y hombres por trabajos de igual valor y que no persigue reducir o eliminar las diferencias salariales sino aumentar la polivalencia, tanto de trabajadores como de trabajadoras, para que desempeñen todo tipo de trabajos y no sólo los de una categoría profesional.
Los recortes en dependencia también han pasado factura a las mujeres. La figura de los cuidadores no profesionales surgió con la Ley de Dependencia que entró en vigor en 2007. Desde entonces, todos los familiares de personas con dependencia podían percibir una prestación económica por desempeñar esos cuidados y por la que cotizaban a la Seguridad Social, una cotización que sufragaba el Estado. Más del 90% de las personas que se encontraban en esta situación eran mujeres, muchas de ellas mayores de 45 años.
El decreto de reforma que aprobó el Gobierno en julio de 2012, y en el que se materializaban recortes en varias áreas, cambió radicalmente la situación. La norma eliminó esta cotización del Estado e instó a las cuidadoras a decidir en el plazo de unos meses si continuaban dadas de alta como tal, eso sí, pagando ellas su cotización a la Seguridad Social.
La medida tuvo un impacto inmediato. En diciembre de 2012 de las cerca de 160.000 que constaban como cuidadoras, sólo 24.000 decidieron seguir adelante con el estatus de cuidadora no profesional y pagar sus cotizaciones, con el consecuente impacto en la Seguridad Social y, en el paro registrado. La Seguridad Social perdió unas 140.000 afiliadas, y de las 74.296 personas que se inscribieron en el desempleo en noviembre de 2012, unas 38.000 eran cuidadoras no profesionales.
En cuanto a la anunciada liberalización de los horarios laborales como medida de conciliación laboral, UGT no entiende cómo una medida que mantendrá a trabajadores y trabajadoras durante más tiempo a disposición de la empresa va a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
